dijous, 25 de juny de 2015

Amnistia Internacional publica un informe en el que pide que se paralicen los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de derechos humanos

  • Dos de las Comunidades Autónomas donde existen más desalojos y viviendas vacías,
    Cartel de una novela basada
    en el drama de los deshaucios
    Madrid y Cataluña, han adoptado medidas regresivas que incrementan la desprotección
  • España sólo cuenta con el 1,1% de vivienda social, frente al 32% de Holanda, el 23% de Austria o el 18% de Reino Unido
Madrid.- Amnistía Internacional ha publicado hoy un nuevo informe, “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España” en el que denuncia como cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios. La organización pide que se paralicen todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección. En concreto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo, y el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a éstas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.
A pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008, el Gobierno ha adoptado medidas insuficientes, que  no han protegido la vivienda como un derecho humano. Su alcance ha sido muy restrictivo, beneficiando únicamente a 31.500 familias. Además, las autoridades han invisibilizado la gravedad de la situación, al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por las ejecuciones hipotecarias ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.
“El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni las organizaciones”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”, ha añadido.
Medidas que desprotegen 
En un momento de crisis económica, cuando las personas necesitan de mayor protección, Amnistía Internacional considera que las autoridades, además de medidas insuficientes, han adoptado otras regresivas injustificadas, contrarias al derecho internacional, como la reducción, en más del 50% del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015.
La organización recuerda que, según el derecho internacional, las autoridades tienen la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda de las personas, especialmente de las que estén en situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). En lugar de hacer frente a esa alarmante cifra, las autoridades de Cataluña y, sobre todo, Madrid, han procedido a vender vivienda social, obviando así sus obligaciones en materia del acceso a la vivienda.
Además, en un país con más de tres millones de viviendas vacías, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las que hay en Europa, las autoridades de ambas comunidades y el Gobierno central no han intensificado su uso, tal y como recomendaba ya en 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada. En ese sentido, ni la comunidad de Madrid ni el Gobierno central han adoptado medidas que sigan esta recomendación, y Cataluña no está implementando su Ley de derecho a la vivienda que promover el uso de la vivienda vacía.
Asimismo, Amnistía Internacional recuerda que la Sareb (también conocida como “banco malo” es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las entidades bancarias nacionalizadas y en proceso de reestructuración) tiene en su propiedad 80.000 viviendas. La organización considera que el Gobierno debería modificar el mandato de la Sareb y promover así el uso de esas viviendas, para asegurar el acceso a las mismas de un mayor número de personas.
Por último, el escaso periodo de calificación social de la vivienda (es decir, el tiempo por el cual a una vivienda se la considera “social”) en Madrid, la reducción del mismo en Cataluña y las medidas para reducir y dificultar el acceso a las prestaciones sociales, también han generado desprotección en las personas.
“Todas estas medidas se han adoptado en un contexto de creciente necesidad y demanda de vivienda social y han provocado una mayor indefensión en la población, que encuentra mayores dificultades en el acceso a la vivienda social. Las autoridades deberían asegurar que nadie se quede sin hogar”, ha asegurado Esteban Beltrán.
Desigualdad en las negociaciones
“Me ha faltado información, porque mis padres no firmaron por 5 años como avalistas, firmaron de por vida”. Ainhoa Lafuente, uno de los casos descritos en el informe, cuenta como a la hora de firmar su contrato hipotecario, no contó con toda la información necesaria para saber que sus padres también ponían en riesgo su propia casa como avalistas. En 2013 dejaron de poder pagar la cuota hipotecaria, y, con una hija a su cargo y tan solo una ayuda por desempleo de 337 euros, Ainhoa decidió volver a casa de sus padres, en Barcelona. “Ni siquiera le puedo ofrecer a mi hija un techo y cuatro paredes, y tiene tres añitos, es muy injusto”, asegura Ainhoa. El proceso ha afectado a toda la familia, también en cuestiones de salud: su padre ha tenido varios infartos y su madre ha sufrido un cáncer. Ainhoa todavía está en negociaciones con el banco: “Yo tengo tiempo, pero mis padres no”.
Un periplo sin fin
Maritza Saavedra vino de Ecuador en 2001. Tanto ella como su marido trabajaban así que decidieron comprar un piso en 2007. Sin embargo, al perder el empleo los dos, vieron que no podían seguir pagando la hipoteca. Llegó una orden de desalojo: “Decidimos salir de la casa antes de que se cumpliera la fecha, para ahorrarle a mi hija ese momento. No nos llevamos más que la ropa”, explica Maritza.  
La familia tuvo que marcharse a vivir con la hermana de Maritza durante unos meses, y después a compartir piso a una casa donde dormían los tres en la misma habitación. Finalmente una vecina les cedió una vivienda, por la que ahora pagan un pequeño alquiler: “Por lo menos estoy aquí tranquila con mi esposo y mis hijos pero siempre tengo el pensamiento de que hemos hecho un esfuerzo para nada porque lo hemos perdido todo realmente”, concluye.
Peticiones de Amnistía Internacional 
El gobierno español debe:
  • Abstenerse de ejecutar desalojos hipotecarios de viviendas principales, mientras no se adopten garantías de protección de derechos humanos.
  • Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que los jueces pueden evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo, caso por caso.
  • Crear un mecanismo obligatorio para supervisar la negociación entre los bancos y las personas y asegurar que el desalojo es el último recurso después de haber explorado todas las alternativas y que se priorizan soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.
  • Realizar consultas con las personas afectadas y organizaciones, realizar evaluaciones de impacto en los derechos humanos y de género de los desalojos y publicar datos desagregados.
  • Trabajar en coordinación con las comunidades autónomas para invertir más recursos e incrementar el parque de vivienda social y adoptar todas las medidas a su alcance para modificar el mandato de la Sareb con el fin de poder utilizar las 80.000 viviendas vacías en su propiedad para asegurar el acceso a la vivienda de un mayor número de personas.

Las Comunidades Autónomas deben:
  • Abstenerse de tomar medidas regresivas injustificadas.
  • Utilizar todos los recursos disponibles para lograr la realización progresiva del derecho a la vivienda. En relación a las viviendas vacías de propiedad privada, elaborar un censo actualizado  y adoptar medidas para realizar un uso más intensivo de las mismas, tal y como el Relator Especial de Naciones sobre el derecho a una vivienda adecuada recomendó a España ya en 2008.
  • En especial, Madrid y Cataluña deben asegurarse que cualquier venta de vivienda social es compatible con la necesidad de incrementar la disponibilidad de vivienda social. Además, deben revertir las medidas que reducen y endurecen el acceso a las rentas mínimas de inserción, claves para ayudar a las personas en el acceso a la vivienda.

Y los Ayuntamientos deben:
  • Utilizar todos los recursos disponibles para lograr la realización progresiva del derecho a la vivienda, así como llevar a cabo evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.

dijous, 18 de juny de 2015

La Plataforma d´Afectatats per l' Hipoteca crida a manifestarse el proper 26 de Juny contra la "Llei Mordaça"

Manifiesto PAH Almería - El pasado 29 de Noviembre el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, normativa conocida como "Ley-Mordaza". Esta ley supone un atentado en toda regla contra las libertades de la ciudadanía, restringiendo el ejercicio de los derechos fundamentales, como los de reunión y manifestación, la libertad de expresión y el derecho a la huelga, omitiendo toda norma de garantía al ciudadano frente a la administración.
La nueva ley sancionará conductas que hasta ahora figuraban como "faltas" en el Código Penal y que ahora se convertirán en "infracciones administrativas" castigadas con unas multas salvajemente desproporcionadas que el gobierno impondrá a su antojo sin más apoyo que la sola palabra de la policía o guardia civil. De paso, se eliminan de raíz las garantías judiciales que incluían la posibilidad de reclamar las pruebas y la no obligatoriedad de pagar la multa hasta que la infracción se considerase judicialmente probada. Ya no intervendrá ningún juez, la multa será ejecutada desde el principio y en caso de impago, el gobierno podrá embargar las cuentas, bienes o sueldo del multado. Y para recurrir será necesario haber pagado la multa previamente y poder hacer frente a las elevadas tasas judiciales.
En conclusión, lo que revela este Anteproyecto, junto a la última reforma del Código Penal hecha por Gallardón, es una escalada represiva brutal que pretende acallar toda protesta pacífica y blindar al poder político-económico, verdadero causante de esta situación, de cualquier crítica y/o manifestación que intenten luchar contra el saqueo ejercido por una minoría contra la mayoría social.  La aparición de un Código Penal más duro y agresivo con el pequeño delito y más benévolo con los estafadores y corruptos sólo puede ampliar la brecha social a la que ya estamos asistiendo. No queremos que la crisis sirva de excusa para fracturar nuestra convivencia y para atacar a quienes menos recursos tenemos.
Son muchos los organismos, colectivos, que ya están dando la voz de alarma por esta ley de "inseguridad ciudadana". Así, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, ha mostrado su preocupación ante la desmesura de la reforma que ha puesto en marcha el PP. Él mismo declaraba: "Quiero que alguien me convenza de que una multa de 600.000 euros por manifestarse delante de las instituciones gubernamentales sin autorización, es equilibrada".
El portavoz de Jueces para la Democracia, declaraba en una reciente entrevista: “Hay una figura doctrinal que se llama el Derecho Penal del Enemigo, que es algo que parece se está trasladando a la Administración, es decir, el ciudadano que protesta parece como si fuese el enemigo. Y no estamos en ninguna guerra, estamos en una sociedad plural en la cual la gente tiene que tener derecho a expresar libremente sus opiniones sin verse castigada con una multa”.

Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Almería Telf. 693 016 626  |  email: afectadoshipotecaalmeria@gmail.com
PLATAFORMA de AFECTADOS por la HIPOTECA ALMERÍA
Hemos pasado de ser ciudadanos titulares de los derechos reconocidos por la Constitución, a ser tratados como presuntos delincuentes. La entrada en vigor de esta ley va a con llevar que los actuales gobernantes demuestren el talante autoritario, del que hacen gala, aplicando de forma desproporcionada y sesgada la actual ley, lo que hace preveer las consecuencias de la  “carta blanca” que les otorgará a los gobernantes la nueva ley.
Además de esta ley de inseguridad, también consideramos un despropósito la reforma del Código Penal, pidiendo su retirada inmediata, porque creemos en una sociedad civil fuerte, capaz y comprometida; porque no es legítimo gobernar sin escucharnos: porque tenemos algo que decir. No hay razones ni para esta reforma del Código Penal ni para este anteproyecto de Ley de Inseguridad Ciudadana. No somos delito.
Por todo ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía a manifestar su oposición a este estado autoritario, a denunciar todos los atentados contra los derechos que se produzcan en su entorno.

http://pahalmeria.com/material-ley-mordaza/

dijous, 11 de juny de 2015

Homenatge al poeta Jesús Lizano


 A MODO DE EPITAFIO PARA JESÚS
27 maig 2015

Este mediodía me cuentan que Lizanote de la Acracia se ha echado al monte. El último de los grandes poetas libertarios se ha marchado a impartir justicia poética y extender la buena nueva de la Anarquía por los mundo sutiles. Se marcha a continuar la tarea que empezó aquí, a decirnos que todos somos novios, que una vez que descubres que eres un pobre mamífero es más fácil desuncirse del yugo de las mil tonterías con que nos tiene atado esta forma de muerte que llamamos vida cotidiana.
Jesús se pasó la vida escribiendo poesía contra el poder, contra las estructuras mentales que nos tienen prisioneros en él, y buscando un humanismo cálido en el que todos fuéramos compañeros, en el que las categorías de dominantes y dominados hubieran desaparecido, y andando estas ideas, harto de izquierdos y derechos, creyentes y descreídos, buenos y malos, Jesús enunció su ideal del comunismo poético, un anarquismo liberado de lo político y abierto al pensar y al sentir en libertad.
Jesús era muy consciente de la que la única revolución pendiente, por la única que sigue mereciendo la pena luchar era esa, la que parte de un convencimiento tan provocador como radical: Todos somos novios, todos somos compañeros. Hoy él ha descubierto esta verdad profunda, pues todo lo que nos divide y nos ciega es artificial, impuesto, ordenado, legitimado por leyes y costumbres, por siglos de propiedad, normas y conductas inducidas y que nos condicionan y determinan.
Jesús vivía, como nosotros en el mundo real político, pero toda su vida aspiró a construir el mundo real poético. Con ese mismo afán organizó manifestaciones en Barcelona, dio multitud de lecturas mientras su cuerpo se lo permitió e incluso se acercó un año a zarandearnos con su presencia en un Voces del Extremo en Moguer memorable.
Refugiado en sus poemas, agitando su sentido creativo como el don más precioso que todos los seres humanos tenemos, canto a la inocencia, a la vida interior y a la salvación de la mente de la locura de la razón utilitarista e instrumental como medios para superar el mundo real político y conquistar el mundo real poético, su meta humanista y libertaria que culminaría en la tierra prometida de la Acracia.
Jesús Lizano ha muerto, pero su aventura vive en otros muchos lizanitos, larga vida a los mamíferos, a los compañeros, a los novios.

Resultats electurals a la comarca

http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/municipales/09/index.html

opinión


Otros Municipios y Ayuntamientos son posibles

La corrupción municipal no es sólo un problema de partidos y personas, sino de estructura
y formas de gobierno.
Los Ayuntamientos actuales son los herederos de las Corporaciones Locales franquistas, basadas en un modelo de gobernación del caciquismo local. Eso sí, han cambiado algunos caciques casposos por los salidos de los partidos políticos. Pero su funcionamiento y estructura es similar: los que entran se reparten los puestos, tantos como quieran crear, y con los sueldos que se les antoje. Además de haber eliminado y vaciado de contenido los filtros de contención de la corrupción, como en el caso de los interventores. En gran medida es la base del sistema clientelar y la corrupción del sistema. No hay más que ver los constantes escándalos de corrupción, especulación que salen a la luz pública, la conciencia de ello de toda la opinión pública, y sin embargo ningún partido de peso lo ha denunciado en plena campaña electoral ni ha propuesto medidas de reforma. Incluso aquellos aspectos de la Ley del Régimen Local que se pueden calificar como positivos, como los referentes al capítulo IV.  Sobre el Concejo Abierto, que permite el sistema asambleario en municipios de un determinado número de vecinos, características o tradiciones especiales, o la Disposición sobre Información y Participación Ciudadana: Ni se cumplen ni son de dominio público. Y es que el problema es la estructura y su forma representativa, más que las personas que en muchos casos son ciertamente honradas y quieren mejorar su entorno.

  Pero otros Ayuntamientos son posibles. Con amplias asambleas representativas compuestas por delegados elegidos nominalmente por barrio ( distrito o circunscripción ) por sus vecinos, que den cuentas y representen a sus electores. Con Alcaldes elegidos directamente ( ¿? ), y gobiernos locales definidos en su composición ( consejerías, sueldos, cargos de confianza etc. ), funciones y competencias. Y con la participación ciudadana a través de derechos a las entidades y al ciudadano. 

   ( Algo que por cierto ya existe en muchos municipios europeos. Ver el sistema francés, alemán, venezolano etc. Aunque este es un asunto complicado que requiere de un profundo estudio comparativo ).


El derecho a voto en España

  Al voto se le da la cualidad filosófica de derecho "privadom, libre y secreto” que se emite tras recoger tu papeleta en una cabina poco antes de depositarlo en la urna. Sin embargo en España “de facto”, sin entrar en analizar cin qué ley a dónde y a quién se vota,  se ha pasado del voto censatario ( de propietarios etc ) al voto clientelar: Los partidos tienen derecho a emitir papeletas y entregarlas a los electores, con lo que se ponen las condones para el fraude; a su vez un miembro de la familia la puede imponer a su entorno; llevar a personas sin criterio con la papeleta a la urna, y suma y sigue sobre todas aquellas personas sobre las que emane alguna autoridad o poder. En definitiva, un clientelismo que se practica a todos los niveles y ámbitos sociales, hutándole al ciudadano esa mínima reflexión y libertad de elegir. 
Además de permitir el fraude del "voto por correo", ya que se permite su entrega a Correos sin ningún control.
  Pero es más, el Estado incentiva esta corruptela con el pago a los partidos por la emisión de papeletas. Con lo cual, y ante la competencia desleal, ningún partido se niega a ello. Negocio redondo para algunas formaciones que reciben créditos bancarios para sufragar las “campaña electoral” y que después son condonados a cambio de “favorcillos”.
  A ello hay que añadir la opacidad  para ejercer el Derecho de Voto por parte de ciudadanos comunitarios y emigrantes con convenios con sus respectivos países. Y que se permite la encuestación “a pie de urna” hasta dos horas antes del término de la votación, con lo que se puede detectar los lugares con los que unos cuantos votos dirimen un escaño.
¿ Realmente existen garantías de libertad de voto en el sistema español ?

Miquel Car